Por Luis Ángel Delgado Flores.
El conflicto en relación al proyecto minero Conga, ha entrado en una nueva fase, en donde el Gobierno en sintonía con la Sociedad Nacional de Industrias y la Minera Yanacocha, están procediendo a realizar un trabajo de legitimación del proyecto, apelando en un primer momento a su poder de influencia y de cooptación de casi todos los medios de comunicación han procedido a realizar un agresiva campaña mediática para conseguir el respaldo popular y obtener la condena a los líderes regionales de Cajamarca. Ahora para consolidar esta estratagema se ha procedido a realizar un “PERITAJE” sobre la viabilidad del proyecto minero en cuestión a cargo de profesionales especialistas del extranjero; propuesta que en realidad no es negativa, sino que el contrario es muy saludable para abordar este complejo y delicado suceso social. No obstante lo criticable y tremendamente censurable es la forma, modo y circunstancias en que se viene realizando, puesto que no se ha tenido en cuenta algo muy elemental por parte de los señores del gobierno y es tener en cuenta la estructura y la composición del conflicto, el mismo que se trata de un fenómeno social en donde hay un contraposición de intereses; hay dos partes antagónicas en donde cada uno tiene una posición y sus argumentos, entonces si se desea tratar el problema de manera civilizada y alturada, buscando la opinión de terceros que sean especialistas y conocedores de la materia, requiere de manera imprescindible y necesario que la designación de terceros que emitan opinión sobre la controversia implica que haya sido realizada en forma consensuada y coordinada, como en este caso es la designación de profesionales que tienen la delicada y trascendental labor de decirle al pueblo peruano que si “el proyecto minero Conga va o no va”; no obstante el ejecutivo con el señor Valdez a la cabeza y al estilo Fujimorista, como lo hacen sus seguidores, han procedido en forma unilateral y antidemocrática han procedido a imponer el nombramiento de profesionales que a su consideración son los indicados, sin tener en cuenta a la otra parte en conflicto a quien no se le ha pedido su conformidad, lo que ha provocado, lógicamente, la indignación y rechazo de los cajamarquinos y de los peruanos que comprenden y respetan las reglas del juego democrático. Como resulta obvio, en un conflicto en donde una de las partes es la que decide y dirige el curso de la discusión, como en este caso el nombramiento, a su libre albedrio, de los peritos que evaluaron el proyecto minero, el trabajo que se empiecen a realizar se encuentra deslegitimado por el pueblo,y lejos de coadyuvar a la solución del conflicto, están provocando que se agudice aún más, ya que existe poca garantía para los cajamarquinos y todos los peruanos, de que el trabajo de los señores contratados sea imparcial y transparente si han sido contratados por una de las partes y esta va a pagar sus honorarios. En base a un elemental sentido común, se puede colegir que tales personas tienen que inclinar la balanza de alguna manera a quien les abonan sus honorarios, más aún si los señores que han sido contactados por el ejecutivo para tan importante labor traen consigo antecedentes que no son idóneos para la misma. En el caso de Luis López García se sabe que ha sido consultor de la empresa INTECSA-INARSA, vinculado al mayor desastre ambiental de la historia española, la del parque Doñana (Andalucía) en 1998. En tanto que el ingeniero Rafael Fernández Rubio con anterioridad ha emitido expresiones bastante desafortunadas en relación a otros conflictos mineros en el Perú, como el de Islay (en donde murieron tres personas), tildando la protesta como muestras de INCIVILIZACIÓN, lo que nos da una clara señal a cerca de la futura opinión que emita dicho profesional.
Consideramos que para un buen desenlace y término de la controversia requiere necesariamente que se retome el diálogo que busque el consenso en temas tan trascendentes como la contratación de profesionales que realicen un estudio serio con independencia e imparcialidad garantizada, como corresponde, y evitar una mayor polarización y tensión social como está ocurriendo actualmente. En buena cuenta, lo que está haciendo el ejecutivo es pretender zanjar la controversia con la opinión de jueces a quienes ellos mismos le pagarán su sueldo, lo cual resulta un completo absurdo que no se ajusta a la más elemental dosis de razonabilidad, constituyendo una grave ofensa a la dignidad y a la inteligencia de los cajamarquinos y de todos los peruanos.
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